Los últimos tiempos se revelan, a juzgar por los datos, difíciles para el profesorado La convivencia en las aulas, sobre todo en las de Secundaria Obligatoria (ESO) es dura.
Faltas de respeto, actos de indisciplina permanentes y hasta agresiones físicas jalonan la jornada habitual de un docente. Los centros públicos aparecen a primera vista como los más conflictivos. Sin embargo, la concertada comienza a sufrir los efectos de esas conductas y en un número nada despreciable de la privada se registran casos graves de acoso y violencia a los docentes. Los motivos la mayoría de las veces no son los mismos, ya que depende mucho del tipo de alumnado que protagonice los hechos.
Los datos son alarmantes. Según los más recientes, aportados por el sindicato CSI-CSIF, el 13% del profesorado confiesa haber sido objeto de algún tipo de violencia. Otros informes hablan de que el 73% está en riesgo de depresión, el 20% está de baja y más del 70% recibe insultos o amenazas verbales. Es decir, que un elevado porcentaje de docentes tiene miedo a enfrentarse al aula, pero la mayoría guarda silencio. Muchos se limitan a reflejar en los partes diarios que no pueden dar clase. «Los alumnos —dicen— gritan, cantan, se lanzan objetos o hablan por el móvil y es imposible controlarlos». Tampoco se atreven a intervenir en el acoso entre alumnos, porque son acusados por una u otra parte de insultos o amenazas.
Amenazas por un móvil
Amador es profesor de secundaria en una pequeña ciudad española. La situación en la que se ha visto inmerso le ha obligado a pedir el traslado a otro centro en el que busca tranquilidad. «De momento —dice— estoy en otro centro y toco madera». El desencadenante del conflicto fue un móvil, aunque la tensión venía de lejos. «Había una directora que protegía a los alumnos más problemáticos, en lugar de apoyar a los profesores», dice Amador. Y un día cuando una alumna, «de por sí ya conflictiva, provocó una situación más grave tampoco se inclinó por el profesorado», afirma, al tiempo que recuerda que todo ocurrió un día cuando esta adolescente comenzó a jugar con el móvil en plena clase.
Bajo el yugo de la agresión en el instituto, estaban prohibidos los móviles y cualquier tipo de aparato similares y «yo se lo pedí. Tras un pequeño forcejeo me lo entregó y lo deposité en la Jefatura de Estudios. Ella lo rescató horas después». Sin embargo, dos o tres días más tarde, «la madre de la alumna llegó al instituto muy enfadada y me dijo que me iba a partir la cabeza». Tras este episodio, Amador remitió a madre e hija a la directora y ésta habló con ellas, pero sin su presencia. Después le explicó que así era mejor porque podían agredirle. Amador comenzó entonces un camino que le llevó hasta la inspección, cuyo titular acabó por aconsejarle que pidiera la baja. Mientras, las presuntas agresoras habían presentado una denuncia contra el profesor por malos tratos y la niña seguía en clase. «Un día me deseó entre insultos mala muerte». Esa situación duró cinco meses hasta que, «entre las dudas de los compañeros, la incomprensión y el abandono de la directora, del claustro y del inspector salió el juicio en el que fui absuelto por falta de pruebas y por ausencia de mala fe en mi actuación. Finalmente, me trasladé a otro instituto y ahora sólo quiero tranquilidad porque las personas que se metieron conmigo viven cerca de mi casa».
Hasta la próxima.
Aixo.
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